En Texcoco hay una realidad que se vive todos los días, pero que pocas veces se dice con claridad: el orden público se ha reducido a una lógica simple —quien se equivoca, paga—, aunque ese “error” muchas veces sea consecuencia de un problema que el propio gobierno no ha resuelto.
El Bando Municipal 2026 establece sanciones administrativas para conductas que afectan la convivencia social. En teoría, es una herramienta necesaria. En la práctica, se ha convertido en un instrumento que castiga más de lo que corrige.
Basta revisar algunas de las multas más comunes. Orinar o defecar en la vía pública puede costar entre 5 y 20 UMAs, es decir, aproximadamente entre 540 y 2,170 pesos, además de arresto administrativo. Tirar o acumular basura eleva la sanción a entre 20 y 40 UMAs, lo que equivale a más de 4,000 pesos, con posibilidad de arresto. Beber alcohol en la calle, una conducta frecuente en espacios sin regulación adecuada, puede alcanzar hasta 30 UMAs, superando los 3,000 pesos.
Las cifras son claras. Pero la pregunta de fondo no es cuánto se cobra, sino por qué se cobra.
¿De verdad creemos que una persona orina en la calle por gusto, o porque no hay baños públicos suficientes?
¿Que la basura aparece por falta de conciencia, o por deficiencias en el sistema de recolección?
¿Que el consumo en vía pública es el problema, o la ausencia de espacios adecuados para la convivencia?
El Bando responde a la consecuencia, pero ignora la causa. Ahí es donde comienza la distorsión. Porque cuando el gobierno deja de resolver problemas estructurales y opta por sancionar a quien los enfrenta, el orden público se convierte en una forma de recaudación.
Y hay algo más preocupante: las multas son iguales para todos, pero no todos viven en las mismas condiciones. Una sanción de dos mil pesos puede ser menor para algunos, pero para otros representa el ingreso de varios días. Sin embargo, el sistema no distingue, no pondera, no equilibra. Solo cobra.
A esto se suma la discrecionalidad. El juez cívico tiene la facultad de determinar el tipo de sanción y el monto dentro de ciertos rangos. En teoría, eso permite flexibilidad; en la práctica, abre la puerta a criterios desiguales, decisiones arbitrarias y, en el peor de los casos, abusos.
Así, el ciudadano queda en una posición incómoda: obligado a cumplir reglas que no siempre parten de una realidad resuelta, y expuesto a sanciones que no siempre son proporcionales.
Comparativo: multas administrativas Texcoco 2025 vs 2026
Falta administrativa | Bando 2025 | Bando 2026 | Variación real
|
Orinar / defecar en vía pública |
5 a 15 UMA | 5 a 20 UMA | Aumento en el tope |
Tirar o acumular basura | 10 a 30 UMA | 20 a 40 UMA | Incremento considerable |
Beber alcohol en vía pública | 10 a 25 UMA | 10 a 30 UMA | Aumento leve |
Conductas insalubres (animales, higiene) | 5 a 15 UMA | 5 a 20 UMA | Mayor rango sancionador |
Contaminación de agua o espacios públicos
| 20 a 30 UMA | 20 a 40 UMA | Endurecimiento |
Arresto administrativo | Hasta 36 horas | Se mantiene | Sin cambio |
Lo que revela el comparativo:
El dato es contundente:
Las multas no disminuyeron… aumentaron.
El enfoque no cambió… se endureció.
No hay evidencia de:
- mayor prevención
- mejor infraestructura
- políticas públicas complementarias
Pero sí hay evidencia de:
- mayor carga económica
- ampliación de rangos sancionadores
- fortalecimiento del modelo punitivo
El problema no es que existan multas. El problema es que se han convertido en el eje de la política pública en materia de convivencia. Un gobierno que apuesta por sancionar antes que prevenir, por cobrar antes que corregir, termina administrando conflictos en lugar de solucionarlos.
Texcoco merece algo distinto. Un modelo donde las faltas menores no se castiguen automáticamente con dinero, sino con trabajo comunitario; donde las sanciones sean proporcionales al ingreso; donde exista un sistema transparente que elimine la discrecionalidad; y, sobre todo, donde la prioridad sea prevenir las conductas antes que castigarlas.
¡Porque gobernar no es reaccionar a los problemas. Es evitarlos!.
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