En teoría, el Bando Municipal existe para garantizar el orden, la convivencia social y el respeto a las normas básicas dentro de un municipio. Es el instrumento jurídico más cercano a la ciudadanía y, por ello, debería aplicarse bajo principios elementales del Estado de Derecho: legalidad, igualdad, imparcialidad y seguridad jurídica.
Sin embargo, en la práctica, muchas veces el problema no es el contenido del Bando Municipal, sino quién decide cuándo sí se aplica… y cuándo convenientemente se ignora.
En municipios como Texcoco —y en muchos otros del país— existe una realidad que la ciudadanía conoce perfectamente: las multas, sanciones y detenciones administrativas no siempre se ejecutan conforme a la ley, sino conforme a intereses políticos, relaciones personales, recomendaciones, compadrazgos o incluso dádivas.
La consecuencia es grave: el Bando deja de ser un instrumento de orden y se convierte en una herramienta de control discrecional.
La aplicación selectiva de la ley
Los policías municipales son, en gran medida, los primeros encargados de hacer cumplir el Bando Municipal. No obstante, en múltiples ocasiones las decisiones no dependen únicamente del criterio operativo del elemento en calle, sino de instrucciones superiores, intereses de directivos o incluso líneas políticas emanadas desde la propia administración municipal.
Así, la ley puede endurecerse para unos y suavizarse para otros.
El ciudadano común recibe multas por comercio, ruido, estacionamiento, consumo de alcohol en vía pública o supuestas faltas administrativas, mientras que ciertos grupos, personajes cercanos al poder o sectores “protegidos” operan sin consecuencia alguna aun incurriendo en conductas similares o incluso más graves.
La pregunta entonces no es si existe el reglamento.
El problema no es jurídico, es institucional
Cuando la aplicación de la norma depende de amistades, parentescos, favores políticos o capacidad económica, se rompe completamente el principio de igualdad ante la ley.
Y eso tiene efectos profundos:
- La ciudadanía pierde confianza en las instituciones.
- Se normaliza la corrupción cotidiana.
- Se fomenta el abuso de autoridad.
- Se incentiva el tráfico de influencias.
- Se castiga selectivamente a quienes resultan incómodos políticamente.
- Se convierte al policía en instrumento de presión y no de seguridad pública.
Peor aún: muchos elementos policiales terminan siendo el rostro visible del abuso, aunque detrás de las decisiones existan órdenes directivas o presiones políticas que condicionan su actuación.
El uso político del Bando Municipal
Uno de los mayores riesgos de un gobierno municipal sin contrapesos es utilizar el Bando Municipal como mecanismo político.
No es casualidad que en ciertos momentos aumenten inspecciones, clausuras, sanciones o “operativos” contra comerciantes, opositores, ciudadanos críticos o sectores incómodos para el gobierno en turno.
La ley deja entonces de perseguir conductas indebidas y comienza a perseguir personas específicas.
Eso es incompatible con cualquier democracia seria.
El derecho administrativo municipal no puede utilizarse como arma de presión política ni como mecanismo de intimidación social.
Cuando una autoridad decide a quién sancionar y a quién proteger, deja de gobernar bajo el Estado de Derecho y comienza a operar bajo criterios de conveniencia.
La discrecionalidad sin control abre la puerta a la corrupción
La corrupción no siempre aparece en grandes desvíos millonarios. Muchas veces comienza en lo cotidiano:
- “Déjalo pasar”.
- “Es amigo de…”.
- “Viene recomendado”.
- “No le hagas nada”.
- “Arréglate ahí”.
- “Es instrucción de arriba”.
Ese tipo de prácticas erosionan lentamente la legitimidad institucional.
Porque mientras a unos se les aplica el peso completo del reglamento, otros obtienen privilegios gracias a relaciones personales o políticas.
Y cuando la ciudadanía percibe eso, deja de respetar la norma, porque entiende que la ley no es general: es negociable.
El verdadero reto: aplicar la ley sin distingos
Ningún municipio puede funcionar sin reglamentos. El problema jamás será tener normas; el verdadero problema es aplicarlas de manera arbitraria.
Un gobierno serio no necesita usar selectivamente el Bando Municipal para demostrar autoridad. Necesita instituciones capaces de actuar con legalidad, profesionalismo y transparencia.
Aplicar la ley correctamente implica:
- Que las sanciones sean iguales para todos.
- Que existan procedimientos claros.
- Que las multas estén debidamente fundadas y motivadas.
- Que no existan privilegios políticos.
- Que los ciudadanos puedan defenderse jurídicamente.
- Que los policías no reciban instrucciones discrecionales para beneficiar o perjudicar personas.
Porque el Estado de Derecho no consiste en tener muchas reglas.
Consiste en que nadie esté por encima de ellas.
El Bando Municipal debería ser una herramienta de convivencia social, no un instrumento de conveniencia política.
Cuando la autoridad decide discrecionalmente quién merece sanción y quién merece protección, el problema ya no es administrativo: es ético, institucional y democrático.
La ciudadanía no exige privilegios. Exige algo mucho más simple y mucho más importante:
Que la ley se aplique igual para todos.
Alternativas para evitar la aplicación discrecional del Bando Municipal:
Criticar las malas prácticas institucionales no es suficiente. Si realmente queremos municipios más justos, transparentes y cercanos a la ciudadanía, también es necesario construir alternativas viables que limiten la discrecionalidad y fortalezcan el Estado de Derecho.
Porque el problema no se resolverá únicamente señalando abusos, sino creando mecanismos que impidan que ocurran.
1. Profesionalización y certificación constante de policías municipales
La actuación policial no puede depender de criterios personales o instrucciones políticas improvisadas. Los elementos municipales deben recibir capacitación permanente en:
- Derechos humanos.
- Legalidad administrativa.
- Uso legítimo de facultades.
- Principio de igualdad ante la ley.
- Procedimientos de sanción y detención.
- Combate a la corrupción.
Un policía mejor preparado jurídicamente tiene menos margen para ser utilizado políticamente y más herramientas para actuar conforme a derecho.
2. Digitalización total de infracciones y actuaciones
Mientras exista margen para “negociar” en la calle, seguirá existiendo corrupción.
Por ello, es urgente que las infracciones y sanciones municipales sean totalmente digitales y transparentes:
- Folios electrónicos.
- Registro inmediato en plataforma pública.
- Geolocalización del acto.
- Cámaras corporales en operativos.
- Fotografías obligatorias como evidencia.
- Nombre y cargo del servidor público actuante.
La tecnología reduce discrecionalidad y protege tanto al ciudadano como al elemento policial.
3. Creación de un Observatorio Ciudadano del Bando Municipal
La ciudadanía debe participar en la vigilancia del ejercicio del poder público.
Un observatorio ciudadano integrado por abogados, universidades, comerciantes, vecinos y organismos civiles permitiría:
- Detectar abusos recurrentes.
- Identificar zonas de corrupción.
- Analizar estadísticas reales de sanciones.
- Revisar si existen criterios selectivos.
- Emitir recomendaciones públicas.
La transparencia institucional no debe depender únicamente del propio gobierno.
4. Sanciones reales contra servidores públicos que apliquen selectivamente la ley
Mientras no existan consecuencias para el abuso de autoridad, las malas prácticas continuarán normalizándose.
Los reglamentos municipales y órganos internos de control deben contemplar investigaciones y sanciones efectivas contra funcionarios que:
- Ordenen sanciones por motivos políticos.
- Protejan personas por influyentismo.
- Extorsionen ciudadanos.
- Alteren procedimientos administrativos.
- Utilicen el Bando Municipal como mecanismo de presión.
La impunidad administrativa también es corrupción.
5. Procedimientos claros y accesibles para impugnar multas y sanciones
Muchos ciudadanos pagan sanciones injustas porque desconocen cómo defenderse.
El municipio debería garantizar:
- Procedimientos sencillos de inconformidad.
- Audiencias transparentes.
- Asesoría jurídica gratuita.
- Publicación clara de derechos ciudadanos.
- Acceso digital a expedientes e infracciones.
Una ciudadanía informada reduce abusos de autoridad.
6. Separar la seguridad pública de los intereses políticos
La seguridad pública no debe operar bajo lógica electoral.
Los policías municipales no pueden convertirse en operadores políticos ni en instrumentos para beneficiar o perjudicar sectores específicos.
Por ello, resulta indispensable:
- Limitar órdenes discrecionales de mandos políticos.
- Establecer controles internos independientes.
- Garantizar autonomía técnica en operativos.
- Evaluar desempeño policial bajo indicadores objetivos y no políticos.
La ley pierde legitimidad cuando se utiliza para premiar aliados y castigar críticos.
7. Revisar y actualizar el propio Bando Municipal
Muchos bandos municipales contienen disposiciones ambiguas o excesivamente amplias que facilitan interpretaciones arbitrarias.
Es necesario revisar periódicamente:
- La proporcionalidad de las multas.
- La claridad de las conductas sancionables.
- La legalidad constitucional de ciertos artículos.
- El respeto a derechos humanos.
- La congruencia entre sanción y conducta.
Un reglamento mal redactado abre la puerta al abuso.
Autoridad no es arbitrariedad…
Un municipio fuerte no es el que más sanciona, sino el que genera confianza.
La autoridad verdadera no se construye mediante miedo, discrecionalidad o privilegios políticos. Se construye cuando la ciudadanía sabe que las reglas serán iguales para todos, sin importar apellido, cargo, amistad o cercanía con el poder.
Porque cuando la ley depende de relaciones personales, deja de existir justicia y comienza a existir conveniencia.
Y ningún municipio puede aspirar a ser democrático si la aplicación de sus normas depende más de quién eres… que de lo que hiciste.
