Texcoco es mucho más que calles, edificios y plazas comerciales. Texcoco es memoria. Es historia. Es identidad. Es el legado de una de las civilizaciones más importantes del México prehispánico y la tierra que vio florecer el pensamiento de Nezahualcóyotl.
Por eso resulta preocupante que haya tenido que ser la ciudadanía organizada quien acudiera a los tribunales para defender un espacio que debió estar protegido desde el primer momento por las propias autoridades.
La reciente resolución del Poder Judicial de la Federación que ordena la suspensión definitiva de las obras en el sitio arqueológico Los Ahuehuetes representa una victoria para la legalidad, para la cultura y para la participación ciudadana. Diversos colectivos, comunidades indígenas y vecinos promovieron un juicio de amparo para impedir que continuara un proyecto comercial que, según los propios promoventes y diversos antecedentes arqueológicos, podría afectar vestigios vinculados con los antiguos jardines atribuidos a Nezahualcóyotl. (OEM)
Lo verdaderamente alarmante no es solamente que existiera el riesgo de afectar un patrimonio histórico. Lo alarmante es que la licencia de construcción fue otorgada por autoridades municipales a pesar de que desde hace años existen antecedentes documentados sobre el valor arqueológico del lugar. Diversas investigaciones realizadas desde 2006 identificaron en la zona sistemas hidráulicos, restos de acueductos, canales, fragmentos de obsidiana y otros elementos que evidencian la relevancia histórica del sitio. (Quadratín Edomex)
La pregunta es inevitable:
¿Dónde estaba el gobierno municipal mientras los ciudadanos tenían que acudir a los tribunales para proteger parte de la historia de Texcoco?
Un gobierno verdaderamente comprometido con su identidad cultural habría encabezado la defensa del patrimonio. Habría impulsado estudios, transparencia y mecanismos de conservación. Habría abierto el diálogo con especialistas, historiadores, arqueólogos y ciudadanos antes de permitir cualquier intervención en una zona con estas características.
Sin embargo, una vez más observamos una visión de desarrollo que parece privilegiar el concreto sobre la memoria, los intereses económicos sobre el patrimonio y la improvisación sobre la planeación.
La resolución judicial también deja una enseñanza importante: la ciudadanía organizada sí puede detener decisiones equivocadas. El tribunal reconoció la legitimidad de las personas para intervenir en la defensa de un bien cultural que pertenece a toda la nación. No se trata únicamente de una disputa jurídica; se trata de una defensa colectiva de aquello que nos da identidad como texcocanos. (La Jornada Estado de México)
Y aquí vale la pena hacer una reflexión profunda.
Mientras otros municipios del país invierten recursos para rescatar, exhibir y convertir su patrimonio histórico en espacios de aprendizaje, turismo y orgullo comunitario, en Texcoco seguimos observando cómo los ciudadanos tienen que luchar para evitar que ese patrimonio desaparezca.
No es casualidad que muchos visitantes lleguen al centro de Texcoco esperando encontrar una ciudad que honre la grandeza de Nezahualcóyotl y terminen encontrando espacios desaprovechados, falta de promoción cultural y ausencia de una política integral de conservación histórica.
Texcoco no necesita más discursos sobre identidad cultural. Necesita acciones.
Necesita autoridades que comprendan que el patrimonio histórico no es un obstáculo para el desarrollo, sino una oportunidad para construir un modelo de crecimiento inteligente, sustentable y con sentido de pertenencia.
Los Ahuehuetes no son únicamente un terreno en disputa. Son una prueba de fuego para saber qué tipo de ciudad queremos ser. Una ciudad que conserva su historia o una que la sacrifica por conveniencia. Hoy los ciudadanos ganaron una batalla jurídica. Ojalá que Texcoco también gane la batalla por recuperar la memoria, la dignidad y el respeto por su propio pasado.