Fue a partir del termino del
gobierno de Felipe Calderón y el inicio del gobierno de Peña Nieto, el 1 de Diciembre de 2012, donde la
lucha entre carteles del crimen organizado por la supuesta disputa de la plazas
en diversos lugares del país, trajo como consecuencia una ola de violencia y cientos
de publicaciones impresas y en medio electrónicos, donde se describía, un país
en decadencia y de altísima degradación social.
El Observatorio de los Procesos
de Comunicación Pública de la Violencia, realizó su séptimo informe ejecutivo
del consejo, dando a conocer que entre los primeros cien días de gobierno de
Peña, la prensa se enfoca a temas como el presupuesto de egresos, la
designación de integrantes del gabinete, la firma del Pacto por México, así
como temas relacionados a los partidos políticos que lo integraban. Sin
embargo, los temas de crimen organizado, violencia, así como todo lo
relacionado al narco, tuvo un cambio de narrativa impresionante. La idea
fundamental del gobierno de Peña era posicionar un “México en paz”, el control
de la información a través de la Secretaria de Gobernación fue implacable.
El gobierno de Peña, se enfoco a
reformar leyes, como la Ley Orgánica de la Administración Pública, para
coadyuvar al manejo y estricto control de la información que debía publicarse,
aunque le dieron poco seguimiento al desempeño del Mecanismo de Protección para
personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como a muchas de las
propuestas firmadas en el Pacto por México.
Ante la grave crisis de
inseguridad no solo para ciudadanos, sino para los periodistas y defensores de
Derechos Humanos, la prensa hizo su trabajo. Disminuir las palabras: asesinatos, homicidios, ejecuciones, crimen
organizado, narcotráfico, cártel, violencia, en todos los medios impresos, por
internet, radio y televisión abierta y de paga.
Es decepcionante saber que de esta
forma algunos medios de comunicación son parte de un sistema que incrementa la
impunidad y corrupción en el país. También, es poco ético que el gobierno no
actúe ante actos violentos que salvaguarden la integridad de los periodistas,
defensores de Derechos Humanos y que además engañen a la población con un “México en paz” y “libre de violencia”.
Tan solo en las portadas de la
prensa del Distrito Federal en una investigación realizada durante los primeros
trimestres del año de gestión de Peña Nieto y los tres trimestres antes de la
salida del gobierno de Felipe Calderón, las notas periodísticas cambiaron el
discurso para dar paso a un gobierno “libre de violencia”.
La revisión de 24 periódicos de
la Ciudad de México tales como: El economista, El Financiero, El Gráfico, El
sol de México, El Universal, Excélsior, La Crónica de Hoy, La Prensa, La Razón,
Milenio Diario, Publimetro, 24 Horas, El Día, El Nuevo Mexicano, Edomex El Día,
Impacto Diario, La Jornada, Ovaciones, máspomás, Metro, Punto Crítico, Reforma,
Reporte Índigo, y unomásuno, arrojan la siguiente información:
Portadas
(prensa del DF)
|
|
Dic 2011-feb 2012
|
Sept 2012-nov 2012
|
Dic 2012- feb 2013
|
% diferencia
|
|
Asesinatos
|
234
|
106
|
117
|
50
|
|
homicidios
|
281
|
155
|
147
|
47.7
|
|
ejecuciones
|
141
|
97
|
81
|
42.5
|
|
Crimen organizado
|
943
|
601
|
469
|
50.2
|
|
Narcotráfico
|
593
|
409
|
269
|
54.6
|
|
Cártel
|
419
|
370
|
194
|
53.6
|
|
violencia
|
1,228
|
937
|
805
|
34.4
|
Cuadro 1: Con datos
del Séptimo Informe Ejecutivo del Consejo del Observatorio de los Procesos de
Comunicación Pública de la Violencia. Diciembre- febrero 2013
Las recomendaciones realizadas
por el Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia en
su séptimo informe son concretas. Los periodistas deben publicar la información
relacionada con la violencia que sucede en el país, al no publicarlas
contribuyen a la ola de violencia y a los actos de impunidad y corrupción por
parte de quienes ostentan el poder. Deben de respetar siempre los Derechos
Humanos de víctimas y presuntos delincuentes, pues mientras no exista un echo
imputable fehaciente, no deben dar a conocer los rostros o cuerpos de quienes
se consideran presuntos delincuentes, pues vulneran , violan o transgreden los
Derechos Humanos.
A partir del 2 de abril de 2013, La Gaceta
Oficial del Distrito Federal anunció la suspensión de la práctica de exhibir
ante los medios a las personas detenidas. Pues con ello, dañas la dignidad
humana y porque no existe la certeza aún de la culpabilidad en cualquier hecho
imputable por muy certero que parezca.
En cuanto al gobierno, debe
proveer seguridad a los periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
Transparentar su política de comunicación ante los medios para que fluya la
información de manera oportuna. Los funcionarios deben de respetar la labor
periodística.
Es fundamental señalar la etapa
en la que se encuentra el proceso judicial de los detenidos, para no generar
confusión a las audiencias, tanto en medios locales como nacionales, también
para no violentar sus Derechos Humanos. Cuando suceda con un menor de edad,
autoridades y comunicadores o periodistas deben anteponer el principio del
interés superior de la niñez, y garantizar plenamente sus derechos.
Se detecto según la
investigación realizada, que salvo honrosas excepciones, algunos medios de
comunicación siguieron publicando notas respecto a temas de violencia en el
país; Mientras que en zonas del norte del país y la comarca Lagunera, muchos
medios de comunicación decidieron cerrar
y otros de manera firme y abierta expresaron que no escribirían notas
respecto al crimen organizado, los motivos fueron no poner en riesgo la vida de
sus empleados y reporteros, pues en diversas ocasiones, ya han sido amenazados
y víctimas de atentados violentos en su empresa.
La primera estrategia de Peña
Nieto fue sacar del discurso la palabra violencia, narcotráfico, entre otras.
Sin embargo, con ello no quiere decir que ha desaparecido del país. Debe
ponerse atención y crear las condiciones de seguridad, garantizar el ejercicio
periodístico, garantizar el plena respeto a los Derechos Humanos.
El estado debe ser un proveedor
de seguridad para quienes lo integran, no sólo actuar en pro de su propia
seguridad política y económica.
